Roxana Azeñas Alcoba
Miembro de la Red de Economía Política
La historia del litio, como la de otros recursos naturales estratégicos en el mundo, está inundada de luchas de poder generalmente entre dos actores involucrados: las empresas transnacionales, quienes con su posición dominante quieren apropiarse de los recursos y sus excedentes y, los gobiernos quienes luchan (en teoría) por obtener la mayor cantidad de renta posible de estos. Pocas veces, son los pueblos quienes pueden definir el destino de sus recursos, este es el caso de la historia del litio y otros recursos naturales en Bolivia, gracias a las luchas ganadas por su pueblo.
Ciertamente, en Bolivia han sido las luchas sociales las que han frenado las numerosas intenciones privatizadoras o capitalizadoras (que son lo mismo) en otros oscuros tiempos. Gracias a éstas luchas, se ha conseguido que el régimen de los recursos evaporíticos se consolide enla Constitución Política del Estado (CPE), en los artículos 349, 350 y 351, estableciendo que la propiedad de los recursos naturales se encuentren en manos del pueblo de Bolivia y su administración (solo su administración) en manos del Estado.
A pesar de ello, durante los últimos meses, a través de algunas declaraciones, autoridades transitorias han dado indicios de querer regresar a esos oscuros tiempos de las privatizaciones. Una de estas declaraciones la realizó el Sr. Parada, en ocasión del XIII Foro “Desafíos de la economía y efectos de Covid – 19”, quien señaló que: “… en minería por ejemplo los recursos internos destinados para inversión, no son suficientes, por tanto se requiere de tecnología, de inversión extranjera como es el caso para el Salar de Uyuni, donde pueden llegar dos o tres empresas de diferentes países para atraer recursos” (Pagina 7, 23 de abril de 2020), alegando, igual que en la época neoliberal, “…Necesitamos de tecnología, de inversión extranjera. Por lo tanto, vamos a tener que (…) liberar el tema económico”.
Nadie se niega a desarrollar o adoptar tecnología, el tema es cómo hacerlo, en este sentido, debemos aclarar que el régimen establecido en la CPE es importante para entender el cómo hacerlo y no solo porque es nuestra norma madre, sino porque para llegar a este momento, se ha luchado y combatido duramente desde las organizaciones sociales, es pues una conquista histórica del pueblo de Bolivia y será éste quien tome las decisiones estratégicas sobre nuestros recursos y no un gobierno transitorio, quien se tome la libertad de definir el destino de los y las bolivianas. No debemos olvidar que el Estado es un administrador de este régimen, no el dueño de los recursos.
Esta conquista estratégica, ha tenido varios episodios relevantes en su historia corta, que podemos resumirla para tener una idea de cuán importante y enraizada está, la lógica de régimen del litio y los recursos naturales, en la memoria de Bolivia.
Inicialmente, debemos saber que el litio es un recurso natural estratégico para nuestro país (y el mundo), debido a que potencialmente es “un recurso crítico en el recambio tecnológico” (Obaya, 2019) y por tanto, posibilita la “…transición desde una economía basada en combustibles fósiles, hacia un modelo en el que las energías renovables tengan un mayor peso en la matriz energética” (Obaya, 2019), debido a que es un elemento central en las baterías “…utilizadas en casi todos los dispositivos electrónicos portátiles como celulares y computadoras” (Chavez, 2019), aunque también puede ser aplicado en diferentes industrias, incluida la bélica.
Actualmente, Bolivia cuenta con las mayores reservas de litio en salmuera del mundo, 21 millones de toneladas y junto con Argentina y Chile conforman lo que se ha denominado el “Triangulo del Litio”. Entre los tres países, concentran el 85% de las reservas mundiales conocidas de litio en sales.
En términos de su explotación, tanto Chile, como Argentina lo hacen a través de empresas privadas multinacionales, cuyos intereses responden a objetivos foráneos (Chavez, 2019). En Bolivia, la historia del litio, como de los demás recursos naturales, está vinculada a las acciones de los pueblos, organizaciones sociales, movimientos populares[1] y las decisiones que toman éstos.
En Bolivia, desde la década de los 70, se inicia las primeras investigaciones sobre el salar de Uyuni (Chavez, 2019) y como consecuencia, es el país donde las transnacionales hicieron sus mejores intentos por acceder a éstos (Nacif, 2012). Estas incursiones son efectuadas durante las dictaduras militares (dictadura de Banzer de 1971 a 1978)[2].
Este primer ciclo de investigaciones e “incursiones” son un “éxito” para las empresas transnacionales como la Lithco, debido a que, gracias al camino allanado por las llamadas “reformas estructurales” de 1985, que habían dado paso a otras reglas del juego económico y amparado en ellas, el entonces ministro de minas, Jaime Villalobos “ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación del Salar de Uyuni” (Nacif, 2012). Esto a pesar de que se había definido mediante D.S. N° 21660, que toda la región del Salar de Uyuni, se convertía en reserva fiscal y que la modalidad del régimen iría a través de licitación internacional.
Después de un largo periodo de negociaciones, el 17 de noviembre de 1989, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se firma el primer contrato por invitación directa con la principal empresa productora de litio a nivel mundial. En este contrato, a la Lithco se le otorgaba derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva fiscal por 40 años (Nacif, 2012), además de decisiones operativas, de coordinación y supervisión, en las cuales el Estado Boliviano NO participaría, solo recibiría regalías e impuestos para el gobierno central y no comprendía la participación de las regiones (Obaya, 2019), lo cual ocasionó una fuerte reacción en contra del pueblo potosino. Frente al aumento de las movilizaciones y presiones cívico-políticas, el 4 de mayo, Jaime Paz Zamora desiste del contrato, instruyendo la convocatoria pública internacional. Los movimientos populares, habían “salvado” al salar, de un primer intento de privatización.
El segundo intento, no se dejaría esperar, el 17 de enero de 1992, se lanza una licitación pública y un mes más tarde, se recomienda la adjudicación en favor de la FMC (ex Lithco), es decir en contraruta de aquello que había sido fuertemente rechazado en los años 80. El 14 de febrero de 1992 se firma el contrato, cuya única diferencia con el contrato anulado, era el nivel de participación del estado boliviano, que ahora se aumentaba levemente (Nacif, 2012). El régimen propuesto por el gobierno de Jaime Paz, seguía siendo la privatización de los recursos evaporíticos.
Extrañamente, debido a un cambio en la alícuota del IVA, el 5 de Noviembre de 1993, la FMC (ex Lithco) decide renunciar al contrato firmado. Sin embargo, la FMC, declara que encuentra en la realidad dificultades generadas por un “debate excesivamente público y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del contrato” (Nacif, 2012), a diferencia de otros países, como Argentina. De esa forma, Bolivia se había vuelto a salvar de la privatización del litio, gracias a la “excesiva” preocupación de los actores.
En 1997, en el último año de gobierno de Lozada, fue aprobado el nuevo Código Minero de (Ley N°1777), bajo el cual se dio el tercer intento de privatizar nuestros recursos evaporíticos, a través de la reducción de la reserva fiscal sobre el Salar de Uyuni, aprobada durante el gobierno del ex-dictador Hugo Banzer Suarez (ADN), en abril de 1998 (Ley 1854), que generó una rápida expansión de las concesiones privadas. En el gobierno del sustituto de Banzer, Tuto Quiroga, a través de una norma exigida por las empresas interesadas en la explotación del litio, la empresa Non Metallic Minerals SAM, pudo acceder a numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar (Nacif, 2012).
Pero nuevamente, el pueblo se encargaría de poner las cosas en su lugar y como efecto de la sublevación popular en octubre de 2003, a consecuencia de la recuperación de los hidrocarburos de manos de las transnacionales extranjeras, en Potosí se impulsó a las diversas organizaciones sociales a movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni (Nacif, 2012). En 2004, en la presidencia de Carlos Mesa (quien asume la presidencia, tras el escape de Sánchez de Lozada), se revocan las once concesiones sobre el salar que estaban a nombre de la empresa Non Metallic Minerals SA, por medio del DS 27589. Así nuevamente sería el pueblo boliviano quien había recuperado la soberanía sobre sus recursos evaporíticos y todos sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
Desde este momento, se inicia una nueva etapa en el diseño del régimen del litio y de los demás recursos naturales. Por acción y participación de los movimientos sociales, grupos de la sociedad civil y voluntad política del presidente Morales, se diseñan Políticas y Estrategias, que aunque perfectibles, son hechas por bolivianos, de manera libre y soberana, para Bolivia.
Los sucesos de octubre de 2003, traen consigo el establecimiento de un nuevo régimen de recursos naturales y del litio, que es implementado en el gobierno de Evo Morales, con quien se restablece las actividades de la COMIBOL y se toman en cuenta, en las decisiones, a actores como la organización FRUTCAS, que representa a campesinos de 5 provincias del sudeste de Potosí y agrupa a más de 300 comunidades (Obaya, 2019), en quienes estaba claro el imperativo que este recurso no sea privatizado, que más bien sea un proyecto 100% estatal y para el beneficio de las regiones productoras y del departamento de Potosí.
El nuevo régimen establecido, se encuentra estipulado en la CPE, gracias a las luchas anteriormente mencionadas que definen la propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano” sobre los recursos naturales, depositando en el Estado “su administración en función del interés colectivo” (art. 349, inc. I). Asimismo, da potestad al Estado nacional sobre todas las reservas fiscales (art. 350) y el “control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos” (351, inc. I). También establece que los recursos evaporíticos, son de carácter estratégico (art. 369 ii) y se deja sin efecto todas “las concesiones mineras, de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano “(Octava Disposición Transitoria, inc. II.).
Dentro de este régimen, en 2010, se pone en marcha la Estrategia Nacional de Industrialización de Recursos Evaporíticos, que cuenta con tres Fases. La Fase 1, consistió en la investigación del proceso tecnológico para la explotación del salar y la construcción de plantas piloto, para la producción de Carbonato de Litio y Cloruro de Potasio, ésta última fue inaugurada en agosto de 2012 y la de Carbonato de Litio, en enero de 2013. Fase 2, que consistía en la construcción de plantas industriales, en base a las plantas piloto, para la producción de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio. La Fase 3, consistía en la producción de materiales de cátodo y baterías de ión – litio (Obaya, 2019).
La implementación de esta Estrategia, fortalece el régimen, no solo porque se afirma la posición histórica de mantener la propiedad del recurso en manos de los y las bolivianas; sino también porque extiende “… la gobernanza del recurso más allá del proceso de extracción y comercialización del carbonato de litio, para incluir también la producción de baterías de ion litio” y mantiene la “exclusión de las empresas privadas de todas las fases de explotación y procesamiento de los recursos del salar…” (Obaya, 2019), excepto en la fase de producción de baterías, para la transferencia de tecnología.
Para la implementación de la tercera fase de la estrategia, se aprueba el D.S. 3738, en el cual se creaba la empresa mixta YLB – ACISA, subsidiaria de la matríz YLB, en la que participaba ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia, a la que se le daba la potestad de comercializar los productos generados. Este decreto es abrogado en noviembre de 2019, tras presión del pueblo potosino.
Por el momento, hasta donde hemos podido evidenciar, queda pendiente implementar la fase III, respetando la CPE y el régimen del litio, para lo cual es necesario mantener el control de la producción y comercialización de productos o subproductos del litio, así como mejorar el promedio de la tasa de recuperación de litio, realizado por YLB (Obaya, 2019). Pero, y queremos incidir en esto, estas decisiones estratégicas no le competen al actual gobierno transitorio.
Por las razones políticas, históricas, económicas y técnicas, esgrimidas en los párrafos precedentes, podemos decir con mucha contundencia, que cualquier intento, de los gobernantes transitorios, por privatizar los recursos evaporíticos, serán nulos de pleno de derecho, pues la vulneración, a través de contratos, decretos o leyes que alteren el régimen, serán inconstitucionales (por todos los artículos ya señalados).
Pero más aun, debe quedar claro que el régimen constitucional del litio, no es producto de burócratas de escritorio, sino el resultado de luchas populares e insurrecciones, que defendieron la propiedad de los recursos evaporíticos y su explotación 100% estatal. Por lo que, tenemos la seguridad, que esta estrategia se respetará, o podría ocurrir lo de octubre de 2003, cuando tuvo que salir huyendo “el modelo neoliberal” de Palacio de Gobierno.
[1] Para esto revisar la historia de la lucha por la recuperación de los hidrocarburos (ABDES, 2010)
[2] Como dato llamativo: “…en 1976, el gobierno boliviano suscribió un convenio con la NASA, para implementar el programa ERTS (Investigaciones de la Tierra Vía Satélite)”, cuyo principal objetivo era “…la determinación de los distintos recursos, con potencial valor económico, concentrados en las salmueras del Salar de Uyuni”, que mostró indicios de concentraciones de valiosos elementos, entre ellos, litio” (Nacif, 2012).
Publicado en La Epoca el 6 de julio de 2020
